Fiscalía imputó nuevos cargos a Gustavo Adolfo Aguilar

La Fiscalía General de la Nación tiene nuevos elementos de prueba que vincularían a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, ex representante legal de Asmet Salud EPS, en otros hechos de posible corrupción ocurridos mientras ejerció como directivo de la citada Empresa Prestadora de Salud en Cauca.

Según la Fiscalía, Aguilvar Vivas, al parecer, entregó $300’000.000 a Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de recibir ayuda para resolver favorablemente un plan de reorganización presentado por la EPS.

Hay indicios de que, en el trascurso 2017, presuntamente hubo reuniones entre Aguilar Vivas y la entonces funcionaria para concertar un modelo de mejoramiento financiero y administrativos de Asmet Salud. A finales de ese año, supuestamente, se hizo una entrega de $50’000.000.

Posteriormente, en enero de 2018, el exrepresentante legal de la EPS habría dado el excedente del dinero ($250’000.000) y habría recibido a cambio la resolución de reorganización que le permitió a la entidad seguir en funcionamiento.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas el delito de cohecho por dar u ofrecer. El cargo no fue aceptado por el investigado.

Esta persona fue judicializada recientemente y permanece privada de la libertad por la supuesta apropiación de más de 21.000 millones de pesos del Sistema General de Salud.

Capturado en febrero, está en detención domiciliaria

Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, se encuentra privado de la libertad, desde el pasado mes de febrero, con detención domiciliaria, como presunto responsable de varios actos ilícitos detectados en el manejo de recursos de la entidad y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En ese sentido, fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Durante 16 años, Aguilar Vivas ejerció como gerente y representante legal de la Empresa Promotora de Salud del régimen subsidiado, que depende financieramente de recursos provenientes del Sistema Nacional de Salud. Ante los elementos de prueba obtenidos, la Fiscalía abrió cinco líneas de investigación que permitieron identificar supuestas inconsistencias mientras estuvo en el cargo. Algunas son:

Asmet Salud EPS-S habría usado indebidamente recursos públicos por 21.353 millones de pesos.

La entidad, al parecer, demostraba liquidez y músculo financiero en los balances contables, pero en realidad no existía el dinero suficiente para cubrir responsabilidades con proveedores y prestadores de servicios ni garantizar la atención de los afiliados.

Según los informes de los entes de control, la EPS era inviable porque no tenía margen de solvencia y las pérdidas acumuladas a 2012, ascendían a 49.000 millones. El patrimonio negativo obligaba a un proceso de liquidación.

Con la información aparentemente equivocada plasmada en los estados financieros presentados a la Superintendencia de Salud, fue levantada una medida cautelar impuesta contra la entidad por irregularidades financieras y se avaló la continuidad de su operación.

Aguilar Vivas, durante los 16 años que se desempeñó como gerente de Asmet Salud, hizo 109 viajes al exterior, según lo certificado por Migración Colombia.

Al parecer, se utilizó una figura contable irregular: incluir gastos como costos para no sobrepasar la norma que obliga a no exceder el 8% de los gastos administrativos. Adicionalmente, algunas de las inversiones en acciones o inmuebles, supuestamente, fueron referenciadas como transporte de empleados, restaurantes, publicidad, hotelería, telefonía, papelería, bonos, anchetas, bonificaciones, dotaciones, capacitaciones, impresión de cartillas, procesos de selección y honorarios de auditorías.

Existen inversiones por 15.282 millones de pesos que no tendrían relación con el objeto social de la EPS y habrían sido cargadas a los gastos administrativos.

Se adquirieron acciones en distintas empresas por 298 millones de pesos que, al parecer, no representaron utilidades. Asimismo, se compraron bienes inmuebles al tiempo que se realizaban construcciones para varias de las sedes.

En 2008, la entidad reportó que invirtió 842 millones de pesos en acciones de una compañía de República Dominicana.

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